Evaluación de la reforma laboral, pensiones y sistema financiero.
En España, el año 2010 habría culminado con un descenso del PIB en torno al 0,2%, lo que supone prácticamente un estancamiento de la actividad económica. Tanto la composición del crecimiento para el conjunto del ejercicio económico, como su evolución en el corto plazo, estuvieron caracterizadas por la debilidad de la demanda interna y el impulso de la demanda externa, notoriamente condicionadas por los cambios en el tono de la política fiscal, así como por la sorprendente fortaleza que están mostrando los fundamentales de las exportaciones españolas.
Efectivamente, tras un uso extensivo y eficaz de las políticas fiscales expansivas durante el periodo más álgido de la actual crisis económica, la economía española emprendió en 2010 un ambicioso proceso de consolidación fiscal.
La reforma del sistema financiero
Son bienvenidas las nuevas medidas encaminadas a mostrar la solidez del agregado del sistema financiero español. La mayor transparencia exigida respecto a las carteras inmobiliarias y a la situación de liquidez, las nuevas pruebas de resistencia a nivel europeo o el Plan de Reforzamiento del Sector Financiero, para acelerar el incremento en los requisitos de capital, van en la dirección correcta y deberían despejar las dudas existentes sobre una parte acotada del sistema financiero español si se implementan adecuadamente y con celeridad.
La recapitalización inmediata mediante la entrada de capital privado aumentaría la credibilidad frente a los mercados internacionales, daría lugar a una mayor eficiencia del sistema y reduciría la presión sobre la deuda pública española.
En el caso de que la ayuda del FROB sea inevitable, el cumplimiento de la normativa europea sobre competencia y ayudas del Estado exigirá unos planes rigurosos de saneamiento y reestructuración (que resuelvan el problema de sobredimensionamiento), la no competencia desleal en precios, la profesionalización de los órganos de gobierno y otras medidas que permitan la salida rápida del FROB del capital de las entidades perceptoras de las ayudas.
Reforma de pensiones y negociación colectiva
Sobre el resto de reformas necesarias para mejorar la percepción sobre la capacidad de crecimiento de la economía española, han sido especialmente alentadores los pasos tomados al definir fechas específicas para tener propuestas sobre temas tan importantes como los cambios necesarios en el sistema de pensiones y en el proceso de negociación colectiva
Aunque no se trata de una reforma de máximos, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y agentes sociales, al que previsiblemente se sumarán otras fuerzas políticas, debería ayudar a mejorar las perspectivas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, particularmente si la reforma se lleva a cabo con las garantías apropiadas.
Puesto que el periodo de transición de 2013 a 2027 es necesariamente largo para que los agentes económicos puedan acomodar con tiempo sus decisiones económicas, dadas las incertidumbres existentes en la evolución de muchas variables, la reforma no elimina totalmente la posibilidad de que el sistema pueda entrar en déficit antes de que acabe ese periodo transitorio.
A este respecto, el acuerdo contempla un factor de sostenibilidad por el que a partir de 2027 se revisarán cada cinco años los “parámetros del sistema”, en función de la evolución de la expectativa de vida, para garantizar su sostenibilidad financiera.
Sería conveniente que dicha evaluación comenzase a realizarse lo antes posible, durante el periodo de transición, para evitar que el sistema de pensiones pueda entrar en déficit antes de 2027, y que la revisión se haga en función de todas las variables que afectan a la sostenibilidad financiera del sistema.
Reforma laboral
Respecto al mercado de trabajo, las reformas deberían servir no solo para acelerar la creación de empleo, sino también para reducir la incertidumbre tanto de los trabajadores –incentivando la contratación indefinida- como de las empresas –modernizando el sistema de negociación colectiva.
En esta última reforma es fundamental que el resultado sea el de proveer a trabajadores y empresas con un mayor grado de flexibilidad, que ayude a que las ganancias de productividad efectivamente se traduzcan en incrementos salariales y que los ajustes que requieren las empresas para adaptarse a mercados en constante evolución sean menos traumáticos en términos de empleo.
El actual sistema no incentiva la competitividad de las empresas y es, en buena medida, responsable de las elevadas
tasas de paro que se observan en la economía española. Una reforma ambiciosa de la negociación colectiva supondría que la recuperación durante los próximos años podría generar más empleo que en pasados episodios.
La mayor flexibilidad y eficiencia de los procesos de negociación debe permitir a trabajadores y empresas fijar los incrementos salariales tomando en cuenta la situación económica de éstas últimas.
Para lograr lo anterior, la eliminación de las cláusulas automáticas de indicación salarial en los convenios debe verse acompañada por medidas de aumento de la competencia. Esto hará que en el medio y largo plazo se cumpla la relación entre salarios y productividad, sin costes adicionales en términos de empleo, eficiencia, pérdida adquisitiva de los salarios o distribución de la renta.
Previsiones de crecimiento para el 2011
En adelante, no se esperan cambios abruptos en el patrón de crecimiento de la economía española. Dada la necesidad de mantener el ritmo de avance en el proceso de consolidación fiscal, el sector público seguirá contribuyendo de forma negativa al crecimiento a lo largo del horizonte de predicción (2011-2012).
El ritmo de recuperación de la demanda doméstica privada en el corto y medio plazo seguirá condicionado negativamente por la debilidad de sus fundamentales y por la fase final de algunos de los ajustes del sector privado (des apalancamiento y sector inmobiliario).
A estos factores, se suma en el corto plazo el nuevo aumento de las tensiones en los mercados financieros, lo que, dada la dependencia de la economía española de la financiación externa, podría suponer un riesgo adicional a la baja sobre la actividad. Finalmente, el crecimiento de la demanda exterior neta continuará siendo impulsado por la mejora de las expectativas en Europa, las perspectivas de un euro ligeramente menos apreciado de lo que se esperaba hace tres meses, la diversificación geográfica y la continuidad de las ganancias de competitividad de los exportadores españoles.
En resumen, prevemos que el ritmo de avance de la economía española siga siendo tímido en los próximos trimestres y que la economía crezca en torno al 0,9% en el conjunto del año. La recuperación sostenida y generadora de empleo podría comenzar a producirse durante la segunda mitad de 2011, siendo 2012 el año en el que la economía volvería a crecer en el entorno del 2,0%, suficiente para crear empleo por primera vez desde el inicio de la crisis, pero no para reducir de forma significativa la tasa de paro, salvo que la población activa apenas crezca.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento distará de ser homogéneo entre las distintas regiones españolas. En particular, las diferencias en el grado de exposición de las mismas a los factores que condicionan el escenario económico para 2011-2012, anteriormente descritos, repercutirá en la dispersión de la recuperación de la actividad.
Este escenario presenta riesgos, cuya realización e impacto dependerán del grado de avance que se observe a nivel externo respecto a la creación de instituciones que garanticen una resolución ordenada de la actual y de las futuras crisis de deuda soberana. En este sentido, para solucionar los problemas de liquidez, es necesario aumentar la cantidad del EFSF al menos hasta su dotación nominal y, lo que es más importante aún, flexibilizar su utilización.
La reducción del déficit y nuevas reglas fiscales
La vigilancia anticipada de la situación fiscal (“semestre europeo”), los nuevos criterios de vigilancia relativos a desequilibrios en el sector privado (que han sido la causa de la crisis fiscal en varios países) y de nivel de deuda pública (no sólo de déficit), las sanciones reforzadas y automáticas, y los incentivos para la adopción de política económicas apropiadas son medidas que pueden evitar futuras crisis y reforzar la estabilidad europea.
Por otro lado, sería también recomendable la implementación de reglas fiscales a nivel nacional que incluyeran una reducción de los déficits estructurales. Por el lado de las reglas de resolución de futuras crisis, y para poder restablecer una cierta disciplina de mercado, definir mecanismos de participación privada es una idea acertada, pero éstos no han de ser traumáticos para evitar efectos de contagio.
Si la parte preventiva no cumple su función y es necesario reestructurar la deuda pública de un país reduciendo el valor presente de la inversión privada, las cláusulas de acción colectiva son una buena alternativa. La participación privada debería de ser una amenaza creíble pero que sólo se aplicase en última instancia a través de mecanismos menos traumáticos que la mera quita de deuda.
En esas situaciones, la reestructuración mediante la extensión de plazos o reducción de tipos de interés parecen los métodos más adecuados.
